Dos entidades que participaron en el expediente de $LIBRA como amicus curiae —conformando una defensa institucional ante el tribunal— solicitaron la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo especializado en investigar irregularidades vinculadas con la función pública. El planteo pone en tela de juicio la actuación del fiscal a cargo, Eduardo Taiano, quien había pedido el sobreseimiento de todos los imputados, y también cuestiona la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi de cerrar la investigación.
Las organizaciones sostienen que el fallo de sobreseimiento resulta prematuro y no aborda adecuadamente la relevancia del rol que tuvo el presidente de la Nación en la difusión del criptoactivo Libra, difundido por Javier Milei a través de sus redes. En su criterio, la decisión judicial debiera haber considerado con mayor profundidad las posibles responsabilidades vinculadas al lanzamiento y promoción del activo digital.
Además, señalan que el expediente terminó con el sobreseimiento de once investigados, entre ellos Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve imputados, y argumentan que deberían agotarse todas las vías para evitar que la resolución se convierta en impunidad. La discusión, afirman, ya no se limita a la responsabilidad de los protagonistas del lanzamiento de Libra, sino que abarca también la forma en que avanzó la investigación y el rol de los organismos de control ante posibles delitos cometidos por funcionarios públicos.
Uno de los puntos centrales es la supuesta falta de intervención de la PIA durante la investigación penal. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas tiene competencia para indagar hechos de corrupción e irregularidades administrativas que involucren a funcionarios estatales, y, a priori, ya había abierto actuaciones relacionadas con el episodio antes de que el caso llegara a los tribunales. Sin embargo, esas actuaciones no formaron parte de la investigación judicial que terminó con el sobreseimiento.
La exigencia de intervención de la PIA cobra relevancia tras la decisión de Taiano de pedir el cierre de la causa y la aceptación del cierre por parte de Martínez De Giorgi. Este giro dejó en evidencia un debate sobre quién puede impulsar una revisión del fallo en un escenario en el que, además, varios denunciantes que habían presentado denuncias como querellantes fueron apartados de esa condición.
El reclamo apunta a reabrir la discusión sobre la necesidad de profundizar las pesquisas cuando los hechos denunciados podrían involucrar a integrantes del Poder Ejecutivo y, por ende, justificar la intervención de una instancia especializada para asegurar una revisión exhaustiva y rigurosa de lo actuado.
